La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPMA) de Menorca ha interpuesto querella contra el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá; la consellera de Educación, Joana Maria Camps; y el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, por los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia e impedir el ejercicio de los derechos cívicos.
Según han informado portavoces de esta entidad, el acuerdo para emprender acciones legales contra los responsables de la política educativa de Baleares «ha arrancado en las asambleas de padres y madres celebradas en septiembre y octubre».
Inicialmente, la FAPMA, asociaciones de padres y madres, y varios padres y madres a título particular presentaron recurso de alzada contra la resolución del Govern para la aplicación del proyecto de Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) en tres institutos de secundaria de Mahón y otro de Ferreries.
En este recurso ya se advirtió que «estas resoluciones vulneran el derecho fundamental que asiste a los padres y las madres a participar en la gestión y el control de los centros educativos». Estos recursos fueron rechazados en diciembre.
Según la querella, registrada el pasado viernes ante los juzgados de instrucción de Palma, «la imposición de los proyectos TIL contra el criterio del consejo escolar de los centros podría constituir un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos».
Según el artículo 542 del Código Penal, este delito es sancionable con la inhabilitación para desempeñar cargo público entre uno y cuatro años.
El encargo y redacción de esta querella ha sido financiada con las aportaciones voluntarias obtenidas con la Marxa per l'Educació del pasado 13 de octubre.
Al mismo tiempo se ha iniciado una campaña de micromecenazgo para obtener los recursos que permitan dar continuidad al pleito. Se ha previsto recaudar 7.000 euros.
La querella también alude a los expedientes disciplinarios incoados a los directores de los tres institutos de Mahón, basada en la «interpretación desviada del artículo 20 del derecho del TIL».
En este caso, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Menorca considera que «la actuación contra estos directores perseguía únicamente represaliarlos políticamente e intimidar el resto de la comunidad educativa con un uso arbitrario de las potestades adminitrativas».
Esta conducta -manifiestan los portavoces de la FAPMA- podría constituir un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal, castigado con inhabilitación por cargo público entre siete y diez años.
Un tercer aspecto que incluye la querella se refiere a la adopción, el pasado 6 de septiembre, del decreto-ley del TIL, dos horas después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dejase sin efecto su aplicación.
La FAPMA ha considerado que esta actuación, imputada al presidente Bauzá y la consellera Camps, podría ser constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos previstos en la Constitución.
Según el Código Penal, la desobediencia de resoluciones judiciales puede comportar multa de tres a doce meses y la inhabilitación para desempeñar cargo público entre seis meses y dos años.
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