El nuevo reglamento turístico aprobado inicialmente por el Consell Insular se ha encontrado con un importante escollo. A la anunciada oposición de las dos principales patronales de la Isla, PIME y CAEB, se suma ahora el propio Govern. Seis meses después de que el Parlament aprobase el decreto ley que a priori le permitía introducir nuevas figuras de alojamiento turístico, la Conselleria de Turisme ha presentado alegaciones al texto al entender que invade sus competencias.
Así se lo ha hecho saber a la máxima institución insular, que cerró el pasado 2 de mayo el plazo para presentar alegaciones a un texto que introduce nuevas figuras de explotación turística, la casa de pueblo entre medianeras, las casas de lloc de dos pisos con accesos independientes, los apartamentos construidos en los años 80, donde se permitirá que los dueños de viviendas las transformen en apartamentos de alquiler con fines vacacionales, y las llamadas paradas turísticas en el entorno del Camí de Cavalls.
Desde el Consell defendieron ayer que no existe tal invasión de competencias y observan la postura del Govern como una contradicción. La consellera de Turismo, Salomé Cabrera, entendió que «no entran en contradicción con la ley, ni crea inseguridad jurídica» como parte de una argumentación con la que defenderán su competencia para reglamentar esas nuevas figuras.
El Consell le recuerda al Govern que impulsó la modificación legal por tal de permitir en el ámbito territorial de Menorca nuevas tipologías de comercialización de estancias turísticas. En ese sentido, el Govern accedió a dicho cambio por la vía del Decreto Ley 6/2013, por el que se modifica el artículo 52 de la Ley Turística, «el cual dispone que se pueden establecer reglamentariamente otras tipologías de viviendas en las que se permite la explotación turística». El Govern cree ahora que el Consell ha ido demasiado lejos.
EL AMPARO DEL ESTATUT
Desde el Consell defendieron asimismo que el reglamento se ha hecho «de conformidad con el Estatut y con la doctrina del Consell Consultiu sobre el hecho de que no se puede supeditar el ejercicio de la potestad reglamentaria de los consells a que el Govern apruebe los principios generales».
En ese sentido, el Consell manifestó que «no solo se ha considerado el ámbito competencial, sino también el borrador del decreto que está tramitando el Govern para desarrollar la Ley Turística».