Los 17 casos especiales que los ayuntamientos menorquines pretendían «legitimar» a través de la Norma Territorial Cautelar para así ordenar sus urbanizaciones y rehuir las reclamaciones patrimoniales de las promotoras deberán esperar a la revisión del PTI que ahora se anuncia. Demasiado tiempo para algunos municipios, que ayer no dudaron en cuestionar el nuevo aplazamiento que da el Consell a la resolución de sus 'problemas' urbanísticos.
Aunque la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, se afanó en recalcar que ha aceptado «el 85% de las sugerencias» y que «todos los ayuntamientos han entendido» los motivos de la exclusión de las legitimaciones de la Norma, Alaior y Es Mercadal la contradijeron.
«Nuestra postura es la misma. Se ha perdido una oportunidad única para ordenar el crecimiento de Son Bou», remarcó Emilio Agis, concejal de Urbanismo de Alaior. Y advirtió de la demora fatal que, para «los intereses del pueblo», supondrá la revisión del PTI. «Puede tardar demasiado, un tiempo imposible de aguantar», lamentó. De ahí que -anunció- el Ayuntamiento «seguirá insistiendo hasta la aprobación definitiva».
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