El Consell se personará como acusación particular en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentará hoy mismo contra Cesgarden. De este modo, la administración insular se sumará a la causa en la que se investiga si la promotora mallorquina simuló ser la propietaria de los terrenos por los que reclamó una indemnización que el juez ha cifrado en 28,8 millones de euros.
Con esta decisión, la administración insular participará en un proceso penal que puede ser su último cartucho para evitar el pago de la indemnización. De momento, el Consell estudia dos vías para dejar de abonar de manera inmediata los pagos mensuales a la promotora. Una es la que ya se ha difundido de solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que no se resuelva la querella. Si se deniega esta vía, el Consell podría solicitar el embargo de las cantidades pagadas, es decir, que se depositaran en una cuenta del juzgado hasta que se decida si la promotora tiene o no derecho a percibirlas.
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