El fiscal Pedro Horrach registró al mediodía de ayer, en presencia de la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, y el penalista Fernando Mateas, la querella criminal resultante de la «Operación Romántica», que Anticorrupción formula contra el empresario hotelero Miquel Ramis Puigròs, presidente del grupo Cesgarden, y el arquitecto Miquel Barca Mir, representante de Siteme Menorca SL, a quienes atribuye sendos ilícitos penales de falsedad documental y estafa procesal.
La acusación, que será instruida por el Juzgado número 4 de Palma y se derivará después a la Audiencia Provincial, también se abre genéricamente a «cualquier otra persona que, en el curso de las investigaciones, aparezca como responsable de los delitos». Una vez la querella sea admitida a trámite, el Consell se personará como acusación particular.
El escrito de querella, de ocho páginas de extensión, apunta hasta siete indicios incriminatorios de la «maquinación fraudulenta» que ha desencadenado en el «engaño» al Tribunal Superior y, en consecuencia, el pago a Cesgarden de una indemnización de 29 millones de euros a la que «no tiene derecho».
La declaración testifical llevada a cabo este martes ante el fiscal por el consejero delegado de Simón y Vidal SL, Lluís Vidal, y el gerente Albert Orfila ha sido determinante para conocer que la opción de compra que Siteme tenía sobre las dos parcelas donde proyectaba el hotel quedó resuelta el 31 de diciembre de 2001 y que, por tanto -al haber caducado- no existe documento alguno que acredite la prórroga que Siteme y Cesgarden alegaron ante el tribunal.
La «conducta fraudulenta» de los acusados quedó patente, según el fiscal, al simular que en junio de 2003, en el momento de interponer el contencioso contra el Consell, ostentaban la propiedad de las parcelas cuando, en realidad, ocultaron que entonces éstas seguían a nombre de Simón y Vidal -pues Siteme no les pagó nada- y que no se vendieron a Cesgarden hasta el 3 de diciembre de 2003, medio año después de haberse aprobado el PTI que redujo su edificabilidad.
Es más, en el acuerdo de compraventa ya se hizo constar que Cesgarden conocía la realidad urbanística de las fincas, por las que pagó 1.185.196 euros y que, por tanto, «no tenía derecho ni expectativa de derecho» a reclamar nada, ni mucho menos a ser indemnizado por el recorte de edificabilidad que había comportado el Plan Territorial (PTI).
En este sentido, el fiscal reprende la «actitud» del representante de Siteme Menorca, Miquel Barca, al aportar al tribunal notas simples del Registro que no identificaban el transmitente de las fincas y «simular» que existía un acuerdo verbal para prorrogar la opción de compra.
Vaya leccion de gestion y eficacia le esta dando Marta Vidal al anterior conseller Tobal Huget,tambien del PP!!