Un juzgado de Palma ha rechazado la denuncia de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Menorca (FAPMA) contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y la consellera de Educación, Joana Maria Camps, por la implantación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
El juzgado no ha apreciado indicios de delito, según han manifestado a EFE portavoces de la federación, que respetan el pronunciamiento del juez pero no comparten sus argumentos, por lo que han anunciado que presentarán recurso.
El pasado 7 de abril, la FAPMA se querelló contra el presidente Bauzá; la consellera de Educación, Joana Maria Camps; y el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, por los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia e impedir el ejercicio de los derechos cívicos.
Inicialmente, la FAPMA, asociaciones de padres y madres, y varios padres y madres a título particular presentaron recurso de alzada contra la resolución del Govern para la aplicación del proyecto de Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) en tres institutos de secundaria de Mahón y el instituto de Ferreries.
En este recurso ya se advirtió que «estas resoluciones vulneran el derecho fundamental que asiste a los padres y las madres a participar en la gestión y el control de los centros educativos». Estos recursos fueron rechazados en diciembre.
Según la querella, «la imposición de los proyectos TIL contra el criterio del consejo escolar de los centros podría constituir un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos».
Según el artículo 542 del Código Penal, este delito es sancionable con la inhabilitación para desempeñar cargo público entre uno y cuatro años.
El encargo y redacción de esta querella ha sido financiada con las aportaciones voluntarias obtenidas con la Marxa per l'Educació.
Otro aspecto que al que aludía la querella se refería al decreto-ley del TIL, dos horas después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dejase sin efecto su aplicación.
La FAPMA ha considerado que esta actuación, imputada al presidente Bauzá y la consellera Camps, podría ser constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos previstos en la Constitución.
es que era ridicul presentar aquesta querella. Encara se des mestres(alguns) s´enten, però açò son ganes de sortir per es medis...jo no me sent representat per aquesta Fampa.