El futuro de los servicios sociales públicos de Menorca se empezará a trazar antes que finalice el año. El Consell de Serveis Socials se reunió ayer para analizar la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como 'ley Montoro', y que obliga a reorganizar estas competencias a partir del 1 de enero de 2016.
Básicamente la ley impone el traspaso de las prestaciones que ejercen los municipios a las comunidades autónomas, cuando no sean sostenibles y los consistorios tengan déficit.
Por ello, se decidió crear un grupo de trabajo que «analizará y estudiará la incidencia de esta ley», según comentó la consellera de Bienestar Social, Aurora Herráiz. La consellera añadió que «nos hará cambiar la forma de trabajar, pero no quiere decir que sea a peor. Los servicios hay que darlos y mejorarlos, pero también racionalizarlos para una mejor gestión». Este grupo de trabajo, integrado por Consell, ayuntamientos, colegios profesionales, entidades y sindicatos prevé tener las primeras conclusiones antes que termine el año.
El director insular de Atención a las Personas,Carlos Canes, que será además presidente de este grupo de trabajo, manifestó que la intención es la de «alcanzar un acuerdo consensuado entre todos los ámbitos afectados». Las propuestas de Menorca también se tratarán en el consejo creado a nivel balear.