El proyecto de 94 viviendas en Cala en Porter por el que su promotor reclama ahora 21,9 millones al Consell y el Ayuntamiento de Alaior lo anularon, a través de la Ley de Espacios Naturales (LEN) y el Plan General, sendos gobiernos del Partido Popular en la administración insular y municipal. Así lo recordó ayer al PSOE, «indignado» porque tanto la alcaldesa Misericordia Sugrañes como la consellera de Ordenación del Terrtorio, Marta Vidal, culpasen a la izquierda y al PTI de la desclasificación de los terrenos.
La LEN que desclasificó la parcela en la que se proyectaba la obra fue promovida por el Govern Cañellas, y el problema de cartografía que «confundió» lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994 lo aprobó el gobierno local de Antoni Pons Timoner, del que entonces era primera teniente de alcalde la hoy alcaldesa Sugrañes. La misma que ahora afirma que la demanda «es otra sorpresa que nos hemos encontrado en el cajón» de la herencia de anteriores gobiernos. El Consell de Menorca lo presidía el también popular Joan Huguet Rotger.
«Decir que aún siguen lloviendo demandas, once años después de la aprobación del PTI, es un burdo intento de desacreditar el PTI», lamentan los socialistas, para quienes ésta no es más que «otra tentativa del PP por tapar su propia incapacidad». El PTI de 2003 -remarcan- «solo se limitó a cumplir la legalidad, que obligaba a ratificar lo dispuesto por una norma de rango superior, como la Ley de Espacios Naturales».
El PSOE recuerda que, además, los tribunales han desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el promotor, al que el Supremo ha condenado incluso a pagar 4.000 euros por las costas del proceso judicial.
El principal partido de la oposición en ambas instituciones carga asimismo contra el PP de Santiago Tadeo por «responsabilizar al PSOE de todos los males de la economía menorquina cuando, con su actitud, facilita el urbanismo a la carta a través de la Norma Territorial, lo que puede generar una importante inseguridad jurídica y alentar las pretensiones de los promotores. Renuncia a liderar desde Menorca la ordenación territorial de la Isla, dejándola en manos de la normativa autonómica, con el grave peligro de mallorquinización y depredación urbanística que ello supone».