El Ayuntamiento de Ciutadella todavía está pagando facturas del ente Ciutadella Turisme (CITUR), pese a que ya hace dos años que se disolvió el polémico organismo mixto creado en 2007 por el Consistorio con participación del sector privado y que se dio a conocer a toda Menorca por ser objeto de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que acabo con la detención del alcalde Llorenç Brondo.
La Junta de Gobierno de Ciutadella aprobó el miércoles el pago de hasta nueve facturas, valoradas en 6.519 euros y que corresponden al coste de informes y estudios contratados por el organismo encargado de la política turística de Ciutadella. Los recibos están fechados a finales de 2010 y a principios de 2011, cuando era alcaldesa Pilar Carbonero. Es decir se trata de facturas pendientes de pago desde hace cerca de cuatro años.
Al ser un ente mixto, y por lo tanto no sujeto a las mismas obligaciones que las instituciones públicas, el organismo ha podido sortear los límites de pago a proveedores y de allí que todavía se deban facturas del 2010.
El equipo de gobierno de Ciutadella decidió disolver CITUR a finales de 2012. Una propuesta que fue aprobada por pleno de forma unánime por todos los partidos políticos. El motivo esgrimido era que no tenía sentido mantener un ente mixto que solo se sufragaba con fondos públicos (ya que el sector privado nunca se acabó de implicar con la entidad), por lo que se optó por extinguir el organismo y gestionar el área turística directamente desde la concejalía.
Una vez disuelto el ente, tal y como lo reflejaban sus estatutos, el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las obligaciones, y por ello ha tenido que abonar todas las facturas pendientes acumuladas.
Con el pago de estas nueve últimas facturas, se liquida definitivamente CITUR, ya que en principio no hay más recibos pendientes. CITUR ya ha pasado a la historia.
Aunque en el futuro se seguirá hablando del ente, ya que todavía se está a la espera de que se resuelva judicialmente el caso por el que se detuvo al alcalde Brondo y a dos concejales, y en el que se imputaron a otras 11 personas entre ellas a otras dos concejales del equipo de gobierno, por presuntas irregularidades en la gestión del dinero público