La denuncia penal contra el exalcalde de Ciutadella por homicidio imprudente como consecuencia del accidente mortal de los Jocs des Pla de este año no es ninguna novedad para el Ayuntamiento. Las familias de los dos anteriores fallecidos de los últimos 20 años también recurrieron a la vía penal, pero ninguno vio satisfecha su reclamación.
Los allegados de Matías Abelló, el joven catalán que murió en 1993 tras ser arrollado por un caballo en Es Pla, cuando la seguridad era sensiblemente inferior a la actual, llevaron a juicio al cavaller Joan Bosch y al Consistorio, como responsable civil subsidiario. Reclamaron 50.000 pesetas de multa al primero y 25 millones a la administración. Se denunciaba una falta de «imprudencia por parte del jinete, que no pudo controlar el caballo, y negligencia del Ayuntamiento, porque las medidas de seguridad brillaban por su ausencia». De hecho, la Policía ni siquiera redactó un atestado de lo ocurrido. Pero el fiscal Carlos Seguí contravino su acusación al no apreciar «negligencia» en el proceder municipal.
«El joven fallecido conocía los factores de riesgo y, sin embargo, decidió tomar parte en la fiesta», alegó el fiscal quien, atendiendo al carácter ancestral de la fiesta, pidió que se juzgara el caso por la vía civil o administrativa. El abogado defensor del cavaller y el Ayuntamiento, el que después sería diputado Cristòfol Pons Franco, también se avino a estas tesis al calificar el accidente mortal de «inevitable y fortuito».
El juez José María Escribano Laclériga absolvió finalmente al cavaller y el Ayuntamiento al considerar que «no hubo omisión de cuidado». La familia del joven no se conformó y acabó demandando al Consistorio por vía civil.
Idéntico fin tuvo la denuncia que cuatro años después, en 1997, se interpuso -también por vía penal- contra la entonces alcaldesa Assumpta Vinent, el que era su concejal de Urbanismo, Enrique Jiménez, el ingeniero municipal Joan Moll y el inspector de obras, Rafael Couce.