La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dictado una sentencia que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alaior y su consiguiente adaptación a las DOT y el Plan Territorial Insular (PTI).
El fallo supone la estimación del recurso que el exsecretario del Consell, Juan de Juan y Pi, había interpuesto a título particular en disconformidad con que el planeamiento convirtiera en públicas las zonas verdes privadas de Cala en Porter, pero sus consecuencias -advirtió ayer la consellera Marta Vidal- pueden ser «gravísimas» para la institución insular.
Para empezar, porque la promotora Princesa de Son Bou -que reclama más de 6 millones de euros al Consell- tiene presentado un contencioso contra el mismo Plan General ahora anulado y porque la invalidez legal del planeamiento aprobado a finales de 2009 podría retrotraer al municipio a la situación urbanística de 1994, cuando entró en vigor el anterior PGOU. Eso -entiende también el Ayuntamiento- abre la puerta a eventuales reclamaciones de otras promotoras que desde entonces han visto aminoradas o reencauzadas sus expectativas en las Áreas de Reconversión Territorial (ART) creadas por el PTI para limitar el crecimiento de las urbanizaciones, sobre todo en Son Bou.