Luciano Parejo Alfonso no quiso ayer explicar cómo diseñó la estrategia de defensa del Consell insular en el 'caso Cesgarden'. El letrado, uno de los más prestigiosos del país y experto en urbanismo, eludió desde su domicilio de Madrid realizar declaraciones para el MENORCA sobre uno de los litigios en los que se cuestiona su actuación y que ensombrece una trayectoria por otro lado brillante.
El trabajo del abogado se mira ahora más que nunca con lupa debido a la sentencia de la Audiencia Provincial que archiva el caso y que deja al Consell en un callejón judicial sin salida y con una indemnización de casi 30 millones de euros por pagar.
El auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial critica la actuación del Consell, por no plantear durante el proceso una serie de cuestiones que quiso luego retomar con el recurso, y explícitamente se refiere a su abogado, afirmando textualmente que «se vislumbra la falta de impulso por parte de la defensa».
De nada sirve que Parejo defendiera y ganara los otros pleitos relacionados con el Plan Territorial Insular, alrededor de cincuenta; su actuación en Menorca es ahora juzgada por Cesgarden y el alto coste que tendrá para las arcas públicas.
Se ha decidido plantear el caso a Bruselas ya. O será necesario plantear al pueblo de Menorca si se hace un referéndum para que decida si hay que asumir esa factura entre todos, que paguen quienes han propiciado esta sentencia o plantear si hay que pagar o no. Opciones hay.