El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (CRSU) de Menorca pondrá el caso Milà en manos de la Fiscalía ante la posible existencia de delitos penales. Lo anunció ayer tarde el conseller de Economía, Fernando Villalonga, horas después de que la Junta de Gobierno del Consorcio acordara por unanimidad «iniciar de inmediato la recopilación de los documentos y la relación de hechos necesarios para instar a los servicios jurídicos a analizar las repercusiones administrativas o penales» que se deriven de la fallida ampliación del vertedero de Milà II.
Se trata del paso previo a determinar si se encarga una auditoría externa a una empresa especializada o si, como reclamaron durante las cuatro horas de reunión el propio conseller y los concejales de los ayuntamientos gobernados por el PP-que son mayoría- se pone el caso en conocimiento de la Fiscalía. Opción ésta que Villalonga está dispuesto a impulsar. Los juristas de la institución documentan ahora la existencia de posibles ilícitos penales. De todas formas, éstos deberán aconsejar «la tramitación a seguir en cada caso».
El oficial mayor y secretario del Consejo Ejecutivo, que terció durante el encuentro para resolver la controversia, aboga por realizar un análisis previo para así disponer de mayores garantías de que, llegado el caso, el asunto será investigado por los fiscales. Villalonga, que no quiere demorar en demasía la resolución, confía en disponer de este informe en el plazo de una semana. Por si acaso, el lunes intentará implicar también a los consellers del PSOE y el PSM, haciendo extensiva al pleno, por vía de urgencia, la medida acordada ayer por el Consorcio.
Las únicas ediles socialistas presentes en la reunión, Constanza Navarro (Es Mercadal) y Elena Baquero (PSOE), pusieron objeciones a esta última pretensión, alegando que primero debe valorarse a nivel jurídico la autoría y el alcance de los hechos. Además, recordaron, «gran parte de la responsabilidad recae en las administraciones implicadas en el presente mandato. En la anterior legislatura tan solo se encargó y redactó el proyecto, pero en la actual se han adjudicado y ejecutado las obras», remarcó Constanza Navarro. Los problemas de filtraciones contaminantes que han cuestionado la idoneidad del sistema de impermeabilización elegido se han producido también a partir de 2012, lo que ha obligado al Consorcio de Residuos, la Conselleria de Medio Ambiente y el propio explotador, Juan Mora, a tomar medidas de urgencia.
«De realizar el análisis previo a mandarlo todo directamente a la Fiscalía hay un paso», insistió la concejal de Es Mercadal, quien lamentó la «falta de información» que ha habido hasta ahora. «Hoy (por ayer) es cierto que nos han dado todas las explicaciones, pero esto no había ocurrido hasta la fecha. Nunca se nos expuso que el problema fuera tan grave». De hecho, la anterior reunión del Consorcio se celebró el 19 de diciembre, apenas tres días antes de que la Comisión balear de Medio Ambiente decretara la inmediata clausura de las celdas y la prohibición del vertido en Milà. Y ninguno de los presentes «esperaba un desenlace tan inmediato».
Las medidas para restablecer el vertido de basura ya están en marcha y ayer mismo se remitió a la Conselleria de Medio Ambiente el estudio de la empresa vasca Lurgintza que plantea la solución de choque a acometer hasta finales de marzo.
Eso es lo que hace falta, mano dura y represión, ha habido demasiada libertad.