Aunque tiene ciertas esperanzas de que la reunión del lunes contribuya a «desbloquear» la situación, el conseller de Movilidad es consciente de que la rescisión del contrato puede hacerse igualmente efectiva pero, aclaró ayer, «ésta será siempre unilateral».
Luis Alejandre entiende en que «entre un proyecto teórico y lo que después se ve sobre el terreno puede haber diferencias, pero no tantas. Tuvieron desde febrero del año pasado hasta septiembre para advertirlo, pero nada dijeron».
Más bien al contrario, la UTE Dragados-Antonio Gomila rebajó el presupuesto en un 8,3 por ciento y se comprometió a ejecutar las obras en 14 meses, dos menos de los estipulados, y con diversas mejoras técnicas que le permitieron imponerse en la licitación. «Si el proyecto fuera tan erróneo, no se habrían presentado nueve ofertas. Pero incluso si fuera así, también podrían haber desistido».
Por eso, el Consell no ha aceptado siquiera la «suspensión temporal parcial» de las obras que la constructora le solicitó a final de año. «Tiene un contrato firmado, una fianza depositada y un plazo de 14 meses. Así que si ha parado estos dos meses, deberá darse prisa para cumplirlo». En cualquier caso, Alejandre apela a la «prudencia».