El Partido Popular denuncia la permisividad del Ayuntamiento de Es Mercadal con las empresas adjudicatarias de obra pública y acusa al alcalde Francesc Ametller de defender los intereses de unos pocos frente a los generales, tras comprobar que el Consistorio ni siquiera ha penalizado a las empresas a las que requirió la documentación relativa a subcontratas y que, hasta la fecha, no han entregado, a pesar de ser condición estipulada en el contrato de obras.
Tras conocer la denuncia de una empresa menorquina a la que aún le debía dinero la empresa INCOC por los trabajos realizados para la Escuela de Música y a la que, posteriormente, el Ayuntamiento de Es Mercadal había adjudicado el Centro de Día, el PP solicitó información sobre la situación de la empresa.
El concejal del PP Ricard Riera solicitó al Ayuntamiento el 15 de diciembre de 2014 que se le facilitara copia de las relaciones detalladas de subcontratistas o suministradores y de los justificantes de cumplimiento de los pagos emitidos al Ayuntamiento de Es Mercadal por los contratistas adjudicatarios de las obras de construcción del Centro de Día y remodelación y mejora del Geriátrico, así como de las obras para ejecutar el proyecto de dotación de servicios en la Travessia Verge del Carme de Fornells (Antonio Gomila) y de las obras para ejecutar el proyecto de construcción de nuevos servicios, local social y adecuación de las instalaciones deportivas de Es Mercadal (Obras Tobajas).
El Ayuntamiento no pidió la información sobre los subcontratistas a los adjudicatarios hasta el 29 de diciembre de 2014, a pesar de que el alcalde dio explicaciones quince días antes en respuesta a una empresa menorquina que denunciaba impagos pendientes.
El PP se pregunta «por qué el Ayuntamiento de Es Mercadal tardó más de 15 días en solicitar la información a las empresas cuando ya la debía tener». Además, lanza el interrogante sobre «cómo sabía Ametller la situación de la empresa si ni siquiera le había solicitado la información, dado que no lo hizo hasta que el PP lo pidió por escrito». La oposición también pregunta por qué no se ha penalizado a las empresas que todavía no han presentado la información, cuando así lo dictamina la ley.