El pleno del Consell ratificó ayer la adenda del convenio con el Ministerio de Fomento relativo a la financiación de las obras de mejora de la carretera general. El documento contiene un calendario en el que se estipula que la reforma del tramo Maó-Alaior debe estar acabado este año, lo que generó que la oposición calificara el texto de «inejecutable», «papel mojado» o «imposible» de cumplir, sobre todo porque los trabajos están prácticamente parados por las diferencias económicas entre el propio Consell y la UTE adjudicataria.
A pesar de ello, el PP se mantuvo firme y aprobó el documento. El conseller Luis Alejandre argumentó que la alternativa a la adenda no es otra que suspender el convenio y tener que devolver los más de 33 millones de euros ya justificados por trabajos ya realizados (32 millones corresponden a la variante de Ferreries). Explicó que la adenda se elaboró durante los meses anteriores a su firma, el 14 de diciembre, por lo que en ningún modo se podía contemplar el parón.
De hecho, la necesidad de cumplir con los plazos de la obra es una de las armas que utiliza el Consell en la negociación con la UTE, ya que el incumplimiento de las fechas marcadas puede tener consecuencias, no solo para la institución insular en cuanto al convenio sino también para las empresas adjudicatarias.