El Consorcio abre expediente por la filtración de documentos sobre Verdú

La junta de gobierno del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha acordado este miércoles abrir expediente informativo a empleados y responsables políticos para "determinar quién, cómo y cuándo ha accedido a determinada información" para "delimitar si hay alguna responsabilidad en la filtración producida en los empleados del Consorcio, en su Presidenta, o en cualesquiera de sus miembros".

La junta también ha acordado "como criterio interpretativo del criterio de preferencia en la tramitación de expedientes sancionadores, debe tener su origen y justificación en un interés público prevalente que debe justificarse de manera expresa en la solicitud de priorización de las actuaciones tendentes a la investigación y tramitación de expedientes sancionadores y de restitución de legalidad". Ambos acuerdos han sido adoptados hoy por unanimidad de los miembros del consorcio, con asistencia de todos los municipios, a excepción de Alaior y Es Castell. Esta decisión ha sido adoptada tras la publicación por el diario MENORCA, de documentos de este organismo -formado por el Consell insular y los ocho ayuntamientos de Menorca- relativos a la legalización de obras realizadas en la vivienda donde reside el concejal del ayuntamiento de Es Migjorn Gran y candidato del PP a la alcaldía de este municipio, Ramón Verdú. La consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, ha declarado que "la información contenida en los expedientes administrativos en marcha está sujeta a confidencialidad, tanto por parte de las autoridades como por parte de los empleados públicos encargados de su tramitación". Vidal, presidenta del Consorcio, ha afirmado que "mantiene total confianza en los técnicos de su departamento" y ha indicado que "la información solo es accesible a las personas y en las condiciones que establece la legislación administrativa" y ha advertido que "cualquier uso indebido de la información de los expedientes administrativos, y más aún si se trata de expedientes susceptibles de producir efectos desfavorables, puede dar lugar a responsabilidades civiles, administrativas o penales". La consellera ha recordado que ella es la responsable última de la custodia de los expedientes, así como de la información que en los mismos se contiene, "y las filtraciones son simplemente inaceptables, así como es también inaceptable que se utilice al consorcio con finalidades políticas". Marta Vidal ha indicado que el objetivo de los acuerdos aprobados este miércoles por la junta de gobierno consisten en "preservar el derecho a la privacidad de cualquier ciudadano que sea objeto de inspección por parte del consorcio, sea del partido que sea".