El Ayuntamiento de Maó no perdonará las multas impuestas a los conductores desde la instalación del sistema de cámaras de vigilancia del tráfico en varios puntos de la ciudad. El equipo de gobierno del PP rechazó en el pleno de ayer la moción presentada por el grupo socialista en la que reclamaba el retorno de las sanciones impuestas, argumentando una falta de información del nuevo sistema desde que se puso en marcha.
Los socialistas centraron sus críticas en el punto más conflictivo, el de la Plaça Reial y que abarca también la Costa de'n Deià y el Carrer de l'Àngel, donde la circulación está restringida solo a los vehículos autorizados. En este punto se han detectado en dos meses y medio más de 4.000 infracciones, lo que representa el 86 por ciento del total de las captadas por la decena de nuevos dispositivos instalados por el núcleo urbano.
La edil socialista María Membrive señaló que las cámaras «a la hora de la verdad han sido un sistema coercitivo y sancionador, al contrario de lo que ustedes afirmaron, que no iban con ánimo recaudatorio». El alto número de sanciones «ha creado una gran malestar», incidió, por lo que el problema «es la falta de información. Prueba de ello es que han tenido que destinar a un agente de la Policía Local a explicar la medida y que se podría haber evitado desde el inicio con más información».
Por ello, los socialistas reclamaron que se devuelva el dinero a los multados y en el caso que no se aceptase, destinar estos ingresos a una partida con fines sociales, además de la rescisión del contrato con la empresa Iris Control Systems, concesionaria del sistema de cámaras.
Unas peticiones que fueron rechazadas de plano por el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, quien acusó al PSOE de «querer erosionar al equipo de gobierno con este tema, que es de pura aplicación de las ordenanzas». Es más, Botella resaltó que «el problema no son las cámaras y las denuncias como nos quieren hacer creer, sino las irregularidades. Esto es como lo que es primero, el huevo o la gallina, pues las sanciones son fruto de infracciones».
El teniente de alcalde sí admitió, no obstante, que «no éramos conscientes de la magnitud de irregularidades que se cometen en la Plaça Reial» y también entonó el 'mea culpa' por «habernos quedado cortos en dar más información».
Ante ello, discutió la propuesta socialista de devolver el dinero ingresado de las multas, y en su caso «quien quiera, que presente un recurso», por lo que rechazó derivarlo a fines sociales, «que la izquierda nos quiere hacer creer que es un monopolio suyo». Y sobre la posible rescisión del contrato con la concesionaria, indicó que «a este Ayuntamiento nos preocupa tener que enfrentarnos a indemnizaciones y contenciosos».
El edil atacó a los socialistas de querer crear «alarmismo» y matizó que las 4.660 infracciones detectadas en toda la ciudad, 4.000 de ellas en la Plaça Reial, no todas han derivado en sanción. Botella explicó que a finales de año el Ayuntamiento ingresó 772 euros más IVA por multas, después de descontar el 57 por ciento que se queda la empresa.
«Nos mantenemos en la convicción de que hemos realizado una buena apuesta», reiteró, y que en el caso de la Plaça Reial, a la larga «contribuirá a pacificar el tráfico» como habían pedido los comerciantes.