La alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, admitió ayer durante el pleno celebrado en el Ayuntamiento que el uso residencial de las casas de La Solana requeriría de «un largo trámite, no es algo que pueda ser inmediato», aunque es «un camino en el que se puede trabajar» pero que todavía no se sabe si es «legalmente posible».
Reynés se refirió así al futuro de las edificaciones tradicionales del puerto durante el debate de una moción presentada por los socialistas reivindicando que se dé prioridad al uso social de las casas de La Solana; una propuesta que había sido consensuada en junta de portavoces pero que aún así generó enfrentamiento entre la alcaldesa y el portavoz de la oposición, Vicenç Tur, cuando éste reprochó a Reynés su visita junto a representantes de Port Sostenible a Autoridad Portuaria de Balears (APB), el ente gestor que debe decidir el futuro de las edificaciones.
Tur consideró que este gesto de la alcaldesa había dado «la sensación de posicionamiento» a favor de la propuesta de Port Sostenible, que apuesta por destinar las casas de La Solana al alquiler turístico. Reynés rechazó la insinuación y afirmó que «acompañé a Port Sostenible porque me lo pidieron, si Amics de la Mar me lo hubiera pedido también lo habría hecho» y subrayó que un proyecto no excluye a otro «incluso caben los dos» e insistió en que «nosotros no nos decantamos» por uno en concreto. La posibilidad de dar un uso residencial a La Solana, no obstante, se mantiene. La enmienda de sustitución pactada en junta de portavoces y que finalmente fue aprobada por unanimidad en el pleno pide a APB la conservación y mantenimiento del conjunto de casas como muestra del patrimonio etnológico y de la cultura tradicional vinculada al mar, y con este objetivo se insta a Puertos a acordar «los usos que garanticen esta relación con iniciativas profesionales, sociales, culturales o residenciales que la ley pueda contemplar». Además, el pleno expresa su reconocimiento expreso a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por el progreso del puerto y la recuperación de su patrimonio histórico.
Todo el mal viene de la ley de 1988 que los socialistas pusieron y que prohíbe el uso residencial a las viviendas dentro de los 20 m de costas. Cuanta ruina ha creado, cuantas casas abandonadas total para nada. Y la gente que no lo sufre no se entera. Una verguenza.