El último Consejo de Ministros del pasado febrero aprobó la revisión del sistema de tasas judiciales, que se aplicaba desde noviembre de 2012, para suprimir las cuotas a las personas físicas. Una decisión aplaudida por el Colegio de Abogados de Menorca pero que se considera incompleta, ya que creen que deberían eliminarse también para las pequeñas y medianas empresas. Cualquier sociedad limitada debe seguir abonando las cuotas fijadas por el Ministerio para los procesos civiles y contenciosos-administrativos, lo que desincentiva algunos tipos de reclamaciones.
«Puede que no sea determinante», afirma el delegado del Colegio en la Isla, Pedro Monjo, «pero todo suma, y si para reclamar dos mil euros tienes que pagar mil y pico, al final lo que sucede es que algunos abogados se han visto obligados a rebajar sus honorarios para ajustarse». Otra consecuencia es simplemente que el posible denunciante desiste, que era, según el colectivo, uno de los objetivos de la normativa: desincentivar la presentación de recursos y apelaciones de modo que se aliviara la saturación que padecen algunos juzgados. «Dotarlos de más medios no vende electoral o socialmente hablando», lamenta Monjo, quien también apunta otro problema que se da en destinos como Menorca. «Hay mucha rotación de personal, no perdura en el tiempo para hacer rentable el trabajo», comenta.
Otra crítica es que el argumento con el que se crearon las tasas, mejorar el turno de oficio, no se ha cumplido, asegura Monjo, quien sin embargo aprueba «el nuevo talante del ministro», Rafael Català, porque «es más dialogante, han mejorado las relaciones entre nuestro colectivo y el Gobierno».
También la secretaria general de la patronal PIME-Menorca, María García, critica que se discrimine a las pequeñas empresas en la revisión de las tasas. «En muchos casos se trata de reclamaciones económicas, y es complicado que una microempresa presente esa reclamación vía judicial con las tasas y sin la garantía de que cobrará la deuda», señala. García manifiesta que «se vuelve a dejar a este colectivo, mayoritario en el tejido empresarial de España y de Menorca, fuera de medidas positivas», al tiempo que recordó que los autónomos sí se benefician de la supresión de las tasas judiciales.