El GOB de Menorca ha anunciado este jueves la presentación de un recurso contra la decisión de la Comisión Balear de Medio Ambiente de permitir que la central térmica de Maó aumente un 74 por ciento el vertido de aguas calientes y con cloro, procedentes de circuitos de refrigeración de la planta.
Según han explicado desde la organización ecologista, la central térmica de Maó, situada en la parte interior del puerto menorquín, funciona con diversos motores, tres de ellos diésel, que queman fuel oil, y cinco turbinas que van con gasoil.
Las turbinas disponen cada una de un circuito cerrado de refrigeración y, por tanto, no requieren de vertidos de agua caliente al mar.
Sin embargo, los tres motores diésel van con un circuito abierto, que requiere de un vertido en una zona cercana a la colársega del puerto de Maó.
Es en este punto en que inciden desde el GOB, que ha mostrado su preocupación, al margen de por el lógico incremento de temperatura de las aguas portuarias, porque "el agua recibe una añadido de cloro para evitar que las conexiones con el mar se colapsen con organismos incrustados.
Hasta el momento, la central tenía una autorización para verter un volumen de alrededor de nueve millones de metros cúbicos, sin embargo, según denuncian los ecologistas, "ahora la Comisión de Medio Ambiente del Govern ha autorizado un incremento que llega a los 16 millones y alega que se trata de una modificación no sustancial", han advertido.
El GOB ha manifestado su discrepancia con ese criterio y entiende que la autorización incumple diversas normativas ambientales.
La resolución, han denunciado, "no explica los motivos que justifiquen la necesidad de incrementar hasta ese punto las aguas de refrigeración, ni incluye valoración de los efectos medioambiental de los efectos que estos vertidos han tenido en los últimos años en el puerto de Maó".
En su recurso, el GOB recuerda que la legislación vigente en materia de prevención y control de contaminación, se establece que una modificación se considerará sustancial cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental integrada originalmente otorgada, que represente una mayor incidencia sobre el medio.
Asimismo, los ecologistas han recordado que la ley obliga a aplicar las mejoras técnicas disponibles.
En ese sentido, desde el GOB han recordado también que el vertido de las aguas de refrigeración de la central térmica de Maó se realiza en una zona de muy poca capacidad de renovación porque se trata de la parte más interior del puerto, en el que se crían diferentes especies de peces, muchas de ellas de consumo humano: "No nos parece una buena práctica verter cloro, máxime cuando es posible evitarla".
Por todo ello, el GOB ha reclamado que los motores diésel sean dotados con un circuito cerrado de refrigeración, "una tecnología que se encuentra ampliamente implantada y que no presenta mayores dificultades en el puerto".