El viraje político a la izquierda que se registró la noche del 22 de mayo no solo ha implicado un cambio de formas y estilo en las instituciones de la Isla, sino que está teniendo un efecto inmediato, en los primeros cien días de gobierno, en buena parte de los principales proyectos e infraestructuras públicas de Menorca.
Los nuevos gobiernos de izquierda en el Consell y los ayuntamientos de Maó y Ciutadella han empezado a replantear siete iniciativas de envergadura del mandato anterior que suman más de 40 millones de euros de inversión, de los que ya se ha renunciado a dos de ellos por valor de 3,5 millones (los duques de alba en el dique de Ciutadella y las escaleras mecánicas en el puerto de Maó) y otros dos (la carretera general y el Parc BIT) peligran al precisar de unos plazos de ejecución muy ajustados.
Además, las instituciones públicas luchan por recuperar, al menos, otros 7,6 millones de euros de financiación que ya se han perdido y que impiden costear en su integridad tres de los proyectos más estratégicos para el futuro de la Isla. Es el caso de la inversión estatutaria para construir un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera en lo alto de S'Enclusa, pendiente del contencioso que el Govern ha interpuesto contra Madrid en los tribunales de justicia; el acondicionamiento para la visita turística de las imponentes cuevas naturales de Cala Blanca, que al caducar los plazos se quedaron sin los 300.000 euros de aportación estatal; y la conversión del antiguo cuartel de Santiago en sede de la Escuela de Adultos, que se ha iniciado pese a carecer ya de los 300.000 euros que se habían comprometido a traves de los fondos estructurales europeos (FEDER).
Otras iniciativas se están reconsiderando también en los primeros meses del nuevo mandato. El caso más conocido afecta al histórico edificio municipal de Can Saura, en Ciutadella, que el anterior gobierno del PP alquiló justo antes de las elecciones al Ministerio de Justicia y que obliga ahora al tripartito formado por PSM, PSOE y GxC a proponer un espacio alternativo como sede de los juzgados.
También en Ciutadella, el gobierno de izquierdas ha reconsiderado la ubicación de la estación de autobuses que, por consenso, el PP emplazó en el mandato anterior en la vía perimetral. Ahora se ha abierto de nuevo el abanico de posibilidades, que el tripartito vincula al estudio de movilidad incluido en el futuro Plan General.
La eterna propuesta de poner fin al abandono de la antigua residencia Verge del Toro mediante su transformación en centro sociosanitario también ha saltado de nuevo a la palestra por iniciativa del gobierno de Maó, tras conocer que el Govern quiere paralizar la reversión del edificio que hasta 2007 se usó como hospital.
Además, Consell y Govern han empezado a trabajar de forma coordinada en la modificación de cuatro leyes que, a su entender, flexibilizaban en exceso la concesión de permisos para urbanizar el campo en detrimento de la actividad principal en suelo rústico. Es uno de los pretextos argüidos por PSOE, Més y Podemos para revisar las leyes autonómicas del Suelo, Agraria y Turística, redactadas por el anterior Govern Bauzá, así como la Norma Territorial Cautelar (NTC) previa al futuro PTI de Menorca.
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