El Consell no reclamará al Govern balear que los residentes menorquines queden exentos del pago de la ecotasa, o que en su defecto se desista de aplicar el impuesto turístico. La propuesta del PP fue rechazada en el pleno celebrado ayer por el equipo de gobierno con el argumento, expuesto por la presidenta Maite Salord, de que las excepciones en materia fiscal por cuestión de residencia no son legales. «Si fuera posible legalmente, le apoyaríamos».
El conseller popular Santiago Tadeo insistió en que la ecotasa para todos es gravosa para los menorquines, ya que son los habitantes de las islas menores los que tienen que ir a Palma para asuntos laborales, formativos o médicos, algo que no ocurre a los mallorquines. El caso de los enfermos y familiares de estos es materia sensible. La presidenta Salord le aseguró que esta era una «preocupación compartida», pero lejos de apoyar la moción (incluso pidió al PP que la retirara) fió la situación de los pacientes al Govern, «que ha anunciado su voluntad de que los enfermos no tengan que adelantar el dinero de sus desplazamientos» con lo que el propio Ejecutivo balear asumiría la factura, entera, del hotel, siempre según las palabras de Salord.
Tadeo llevó el debate más allá de los pacientes, y apuntó a los estudiantes (las visitas de sus padres, concretamente) y a los empresarios que con frecuencia relizan gestiones en Mallorca. «Tenemos que pagar una tasa que no afecta a todos los baleares por igual, sube el coste de la doble insularidad y nos hace menos competitivos». Salord defendió la validez del impuesto y alegó que lo mismo ocurre cuando los padres de estos estudiantes o estos empresarios se tienen que desplazar a Barcelona, o a otras muchas ciudades europeas donde ya se paga, sin más consecuencias, la ecotasa.
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