Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Maó apoyan la actividad de Caritas en el tratamiento integral de residuos voluminosos y la defensa de la continuidad de la planta de reciclaje, pero la permuta del terreno en el que se ubica a cambio de dos parcelas propiedad del Obispado -la del aparcamiento de la plaza Monte Toro y las fincas de la Casa de Acogida-, sigue despertando recelos en el equipo de gobierno.
Así lo manifestó en el pleno celebrado ayer la alcaldesa, Conxa Juanola, quien recordó que la cesión demanial de los terrenos de la planta TIV se acordó «con un objetivo social» y que éstos dejarían de ser públicos si finalmente la instalación no funciona y se permite la entrada de capital privado en el negocio. «Para nada se cuestiona el trabajo de Caritas, es loable y se seguirá apoyando», señaló Juanola, quien añadió que la planta TIV se corresponde con el modelo de gestión de residuos que considera adecuado y que se buscan vías para resolver el problema de falta de entrada de residuos que alega Caritas. La posibilidad de que el proceso pudiera acabar en una privatización «fue lo que nos decidió a parar la permuta», insistió, al tiempo que recordó que se han iniciado gestiones y encuentros, entre Caritas, Ayuntamiento y Consorcio de Residuos, para dar salida al problema.
Para la edil del PP, Águeda Reynés, el caso de Caritas es «similar» al de la empresa que explota el complejo Ocimax y, de igual modo, la permuta «no era una propuesta del anterior equipo de gobierno», sino que Caritas recabó el apoyo municipal para buscar la viabilidad de la planta. Recordó Reynés que los informes de Intervención eran favorables a la permuta de parcelas entre el Ayuntamiento y Caritas.