Los payeses de Menorca lamentan que el decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Govern, que deja sin efecto «los aspectos más urbanizadores» de la Ley Agraria, implique que «vuelvan las trabas y complicaciones» para hacer reformas en edificaciones agrarias, sobre todo aquellas que supongan un cambio de uso.
En este sentido, temen que proyectos como los de crear agroestancias, que puedan alojar a turistas del Camí de Cavalls, puedan quedar paralizados (o retrasados) con este nuevo decreto. No obstante, todavía es un temor porque «nadie nos ha explicado cómo queda», asegura Pau Bosch Moll, de la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme).
El decreto, recuerdan las asociaciones agrarias, también vuelve a imponer la necesidad de contar con la declaración de interés general para autorizar cualquier nueva actividad en rústico, lo que puede frenar la apertura de nuevos establecimientos agroturísticos.
«La Ley Agraria había generado unas expectativas para que los payeses pudieran encontrar nuevas fórmulas para rentabilizar sus fincas y ahora vuelven a poner trabas», se queja Bosch Moll,
«Nos dicen que diversifiquemos, y no nos dejan», tercia Pau Bosch Pons, de la asociación Agropecuaria y Recursos Naturales (Agrena), quien asegura que «nosotros somos los primeros que no queremos el campo repleto de construcciones nuevas, pero sí pedimos que nos dejen arreglar las que están cayendo y no nos cierren las puertas».