Ildefonso Vinent, el presunto testaferro de Avel·lí Casasnovas, se asoció con el técnico que el entonces concejal puso desde el Ayuntamiento de Ciutadella para supervisarle en las obras de Can Saura, Jordi Picot. No solo se amparó en las mediciones de obra realizadas por el arquitecto técnico para reclamar más dinero al Govern por los trabajos que estaba efectuando en el edificio público sino que, a la vez, le involucró en el desarrollo urbanístico de un solar en Los Delfines, convirtiéndolo así en el propietario del 10 por ciento del terreno.
Obres Vinent Juanico había asumido la subcontrata del proyecto de reforma de Can Saura, presupuestado en 2,8 millones, tras garantizar a la UTE finalmente adjudicataria que, «por indicaciones políticas», el consistorio le confiaría las obras si le derivaba luego los trabajos a él. Y lo anunciado por Vinent a las empresas de la UTE, según éstas, se hizo realidad. Ganaron el concurso público y, en correspondencia, le subcontrataron las obras.
Cuando Picot ya había empezado a supervisar sus actuaciones en Can Saura, el empresario al que la Fiscalía Anticorrupción considera «hombre de paja» de Avel·lí Casasnovas acudió el 20 de febrero de 2008 ante el notario para consumar la compra de un solar de 2.000 metros cuadrados en Los Delfines y convertir al arquitecto técnico puesto por el Ayuntamiento en el dueño de una porción. El 90 por ciento para Vinent, el 10 restante para Picot.
«Me propuso participar de la promoción, a cambio de que yo hiciera el proyecto», relató anoche Picot pero, como las demás sociedades y propiedades inscritas a nombre de Vinent y sus empresas, «sobrevino la crisis y todo se lo quedó el banco. De esta historia solo he sacado disgustos».
Picot asegura que el Colegio de Aparejadores -del que se dio de baja en 2014- le indicó que no incurría en incompatibilidad alguna al simultanear la supervisión de la obra pública con la promoción del negocio privado de la mano del mismo constructor que estaba ejecutando las actuaciones en Can Saura. Y, aunque insiste en que su función «solo consistía en «controlar los aspectos de seguridad y salud y supervisar la obra para informar al Ayuntamiento de su desarrollo», reconoce que «a veces realicé mediciones por indicación directa de la Conselleria», que ostentaba la dirección facultativa de los trabajos y que, por tanto, «siempre tenía la última palabra».
Algunas de estas mediciones fueron disconformes con las autorizadas por el técnico del Govern balear que dirigía las obras, pero Vinent se amparó en ellas para presentar certificaciones que encarecían el coste del proyecto y, a decir de la UTE Can Saura Ciutadella, «falsear» así la realidad para reclamarle más dinero del que realmente le correspondía por los trabajos de rehabilitación que estaba realizando en el edificio.
En febrero de 2011, tras la denuncia pública de la UTE, el Ayuntamiento -entonces gobernado por PSOE y PSM- anunció que investigaría el proceder de Jordi Picot para comprobar hasta qué punto había avalado los «excesos» del subcontratista.
El arquitecto técnico se defendió anoche asegurando que nunca ha sido informado de ello por el consistorio, pero lo cierto es que la documentación pertinente fue remitida a la Fiscalía, a instancias de Joan Triay (UPCM), quien ya había advertido del presunto enriquecimiento ilícito de Avel·lí Casasnovas y de la condición de supuesto testaferro de Vinent.
Solo la mediación del director facultativo de las obras en representación del Govern -que financiaba el proyecto- evitó que las mediciones que supuestamente había dado por buenas el técnico contratado por el Ayuntamiento fueran aceptadas. Así lo corroboró años después el Juzgado, que validó las mediciones aportadas por el Govern y no las de Picot.
Pero las empresas que formaban parte de la UTE no pudieron recuperar el dinero, puesto que el entramado societario de Vinent ya había instado el concurso de acreedores. Tanto Edificaciones Ramos como Torrent Coll cesaron también su actividad, sin llegar a cobrar las cantidades que se les adeudaba. Hoy día, Picot es el arquitecto técnico de la Conselleria de Educación en Menorca.
A los técnicos del Ayuntamiento parece que se les paga para fastidiar a sufrido ciudadano, al menos en Ciutadella su misión no es otra que rebuscar pegas para la mayoría indefensa y prebendas para una minoría privilegiada. Quien no vale para la empresa privada a colocarse en la administración.