El pleno del Consell aprobó ayer el finiquito del proyecto de reforma de la carretera general entre Maó y Alaior que inició el PP en el anterior mandato con la autorización, mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, del pago de un sobrecoste de 190.901 euros a la UTE concesionaria. Este dinero fue acordado, según relató la presidenta Maite Salord, entre las dos partes el 15 de marzo de 2015 sin que pasara por el órgano de contratación correspondiente. Aún así, buena parte del importe, unos 160.000 euros, fue abonado ya a la empresa mediante certificaciones, comentó.
Salord cuestionó que hubiera sido posible exigir a la UTE que completara las obras y se le obligara a asumir el sobrecoste generado, como ha mantenido el PP en las últimas fechas. «¿Tienen claro quien lo hubiera tenido que pagar? No querría haber acabado en el juzgado para ver quien debía asumir el sobrecoste». Según los informes emitidos por los técnicos, el sobrecoste surgió de 22 incidencias, 22 actuaciones no reflejadas en el proyecto inicial. La mitad de este importe ya aparecía en la demanda de sobrecoste de la UTE tres semanas después de comenzar las obras.
Por su parte, Santiago Tadeo, conseller del PP, defendió la viabilidad del proyecto ya finiquitado con el hecho de que se presentaran hasta nueve empresas al concurso, y recordó que la UTE tuvo seis meses para revisarlo y llevar a cabo el proyecto refundido, «y esto se hace para que asuma el costre previsto». Ante todo esto, quiso subrayar que la rescisión del contrato «es una decisión política, y quieren hacer creer que había una inviabilidad».
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