La desaladora de Ciutadella, cerrada desde hace seis años. ya está en manos del Govern balear. El Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo el 16 de febrero la inspección de la planta dio su conformidad técnica al acuerdo de recepción que, anunció este lunes el conseller Vicenç Vidal, se formalizará «en los próximos días».
Vidal mantuvo un encuentro en Madrid con la ministra Isabel García Tejerina, quien se comprometió a entregar al Govern las desaladoras de Ciutadella y Santa Eulàlia y a asumir los sobrecostes que deben pagarse a las empresas concesionarias, que en el caso de Menorca asciende a 16 millones de euros, que recibirá Acciona.
Pero el conseller dice que «no hay urgencia» para poner en marcha la desaladora y tan solo garantiza para este año la contratación de personal específico que se encargará de su mantenimiento y de la realización de pruebas. Eso implica que la conexión con la red de suministro municipal, valorada entre 4 y 5 millones, se pospone, al menos, hasta el próximo año y a lo que se determine en los contactos que a partir de ahora entablará con el Ayuntamiento de Ciutadella para «estudiar el proyecto y el volumen de agua que debe servirse».
Lo que da por seguro el conseller es que el precio del agua desalada «será más barato» de lo estimado hasta ahora, «ya que no deberá repercutirse sobrecoste alguno sobre las tarifas». Esto hará que, por ejemplo, el precio resulte más económico que el vigente en otras Islas que, como Eivissa o Mallorca, ya abastecen de agua desalada a la población, «porque han tenido que repercutir el coste de las obras».
A la espera de esta negociación, el Ayuntamiento ha pedido al Govern que, para avanzar en la puesta en marcha de la instalación, se acometa primero la canalización de la desaladora hacia Cala en Bosc, puesto que ésta se encuentra ya prácticamente ejecutada y permitiría empezar a abastecer las urbanizaciones de la costa sur del municipio. De hecho, este fue ya el primer objetivo que se perseguía cuando, en 2001, el Ministerio decidió promover el proyecto y declararlo de interés general, ya que la calidad del agua que entonces se suministraba a Cala en Bosc era deficiente y sus pozos padecían el efecto de la salinización por intrusión marina.