La concejal del PP de Maó, Águeda Reynés, acusó ayer a la alcaldesa Conxa Juanola de «atender a las alegaciones del GOB» en la modificación de la ordenanza de subvenciones, por la que se elimina del texto el veto a las actividades que tengan «un carácter político o reivindicativo». Además, Reynés remarcó en el pleno municipal la vinculación de Juanola con este colectivo ecologista.
Cabe recordar que en 2013 el GOB fue una de las tres entidades que alegó contra esta ordenanza, por este punto en concreto. Reynés señaló ayer en la defensa del redactado inicial que al GOB «le preocupa mucho no poder tener un carácter político en sus actuaciones» y remarcó que ahora que gobierna «la izquierda radical» no hay tantas manifestaciones ni movilizaciones, «estos colectivos callan».
El PP contó con el apoyo del concejal de Ciudadanos de Menorca, Andrés Spitzer, quien defendió la cláusula como una herramienta para evitar el uso del dinero público para actos políticos, algo que no entiende como correcto. «No se impide que los actos se hagan, solo que reciban ayudas».
Por su parte, la alcaldesa dijo sentirse orgullosa de su relación con el colectivo al que aludió Reynés, al que, afirmó, continua estando vinculada. Juanola defendió la modificación del texto por una defensa de las libertades, y una concepción amplia del concepto de política, que implica participación ciudadana activa.
Reynés tuvo también para el PSOE, en concreto para Vicenç Tur, al que recordó que votó en su día a favor de la ordenanza, «o no se la leyó o no le parecía mal», lo que no evitó que fuera «a remolque de las alegaciones». Y le reprochó que «antes las subvenciones se daban a dedo». A Ara Maó lo remató con un «son maestros de la manipulación política interesada».
Sobre otra ordenanza, la del centro de arte de Ca n'Oliver, el PP cuestionó el precio de cinco euros por entrada y todos se agradecieron la colaboración mantenida, con propuestas desde todas las siglas. También hubo entendimiento a la hora de trabajar para ampliar el aparcamiento del Hospital Mateu Orfila, como reclamó el PP, establecer un servicio marítimo en el puerto de Maó, como propuso Ciudadanos de Menorca, o facilitar la licencia a unos pisos asistenciales.
Y apareció de nuevo el topónimo, esta vez de la mano de Spitzer. Quiere una consulta ciudadana para zanjar el asunto. El equipo de gobierno está a la espera de un informe del Consell Consultiu para posicionarse, aunque, dijo Juanola, no les quita el sueño.