La subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, Amalia Castro-Rial, se aferra a la «fuerza de ley» del contrato de alquiler de Can Saura suscrito el 27 de marzo del año pasado para considerar que «deben cumplirse los compromisos» y no contemplar la propuesta de reubicación de los juzgados de Ciutadella, que el Ayuntamiento quiere derivar a la antigua estación marítima del puerto. En su informe de respuesta a una queja formulada a finales de febrero sobre el estado actual de los juzgados, recuerda que existe «una obligación contractual», por lo que el acuerdo de arrendamiento de Can Saura «debe llevarse a cabo sin dilación y con todas las consecuencias».
El inmueble de Can Saura, remarca, «está en una de las mejores ubicaciones de la ciudad, donde se encuentran los servicios más importantes para los ciudadanos» y con «una comunicación rápida por las principales vías». Además, «el acceso peatonal es sencillo y las obras a realizar para adecuar la funcionalidad del edificio a la actividad judicial son mínimas». Tan es así que, pese a no haberse acometido todavía actuación alguna, basta invertir apenas 199.000 euros en tres meses para reconvertir Can Saura en nueva sede judicial.
Por contra, los estudios realizados por el propio Ministerio cifran en 2.566.892 euros la inversión que cabría afrontar para adaptar la antigua terminal portuaria como Juzgado. Es más, el informe técnico del arquitecto de Justicia advierte que «serían necesarios, al menos, cuatro años de obras de gran envergadura» para acometer «una demolición total del interior, incluidas sus instalaciones, así como de gran parte de la fachada». Hasta cabría dotar al edificio de luz y ventilación.
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