Tur expresa su «apoyo» al alcalde de Es Migjorn y a Elena Baquero

El secretario general del PSOE de Menorca, Vicenç Tur salió ayer en defensa del alcalde de Es Migjorn, Pere Moll y la concejal y diputada socialista, Elena Baquero, que están siendo investigados por el juez de Ciutadella por un presunto delito de prevaricación administrativa. El origen de la causa son unas obras ilegales en unos apartamentos de de Sant Tomas propiedad del marido de la parlamentaria y número dos del partido en Menorca.

El máximo dirigente del PSOE manifestó ayer que «confía» en los concejales y les da su «apoyo», a la vez que respeta el proceso judicial abierto contra Moll y Baquero.

Tur cargó contra el Partido Popular de Es Migjorn. «La denuncia sale del PP, que en Es Migjorn no sabe hacer nada más que acusar», les reprocha. Lamenta que los populares «lleven muchos años judicializando la vida política». Les recuerda que «estas malas prácticas», lejos de darle réditos políticos, no beneficia ni al municipio, ni a ellos mismos, «ya que al final tuvieron los resultados que tuvieron», apunta. «Cada uno será responsable de sus acciones», advierte.

Se trata de unas declaraciones que siguen la tónica de las manifestaciones que hizo el sábado el alcalde de Es Migjorn, Pere Moll, lamentando que desde la oposición «sigan con esta política barriobajera».

Este diario intentó ayer contactar con la concejal, diputada autonómica y visecretaria general del PSOE de Menorca, Elena Baquero, para que expusiera su versión de los hechos, pero resultó imposible.

La investigación, abierta a raíz de una querella presenta por el portavoz del PP, se remontan a octubre de 2012 cuando el Ayuntamiento concedió licencia de obra menor (un día antes de que el proyecto entrara al Ayuntamiento) a la promotora Playas de Binicudrell (del marido de Baquero) para reformar 9 apartamentos. Un mes después, una inspección reveló que la reforma afectaba a 91 apartamentos y la promotora amplió la licencia. Pese a ello, el Ayuntamiento no le multó hasta pasados los dos años, con una sanción de 3.433 euros, «la más baja posible», según la querella presentada por el edil del PP. El juez el pasado 1 de abril aceptó la querella y abrió diligencias previas, para iniciar la investigación judicial del caso.