El juez instructor del caso Nerer, Juan Pablo Hidalgo, anunció ayer a los abogados personados y los testigos que declararon durante toda la mañana en Ciutadella que, a la vista de las diligencias practicadas a lo largo del último año, estudia aumentar el número de imputados en la causa.
El exconcejal Avel·lí Casasnovas y su presunto testaferro Ildefonso Vinent son los únicos sobre los que, por ahora, pesa una imputación penal, aunque los recursos planteados por sus abogados defensores para oponerse a la fianza de responsabilidad civil de 2.439.999 euros exigida por el Juzgado aún no han sido resueltos. El juez ha dado trámite de los mismos a la Fiscalía para que informe y, en función de cómo se desarrollen las diligencias, tomar una decisión. El procedimiento 14/2016 por el que están imputados Casasnovas y Vinent es diferente del que se instruyó el año pasado.Las declaraciones de ayer apenas aportaron nada nuevo. Todos los comparecientes, desde el concejal Joan Triay al constructor Ramón Pizarro y los técnicos municipales Joan Moll y Joan León, se ratificaron en lo ya relatado meses atrás ante la Fiscalía Anticorrupción. También corroboró su versión Ester Pons Montes, la agente comercial que negoció la compraventa del edificio de Es Roseret, según ella con Casasnovas y Vinent, una operación en la que se sospecha pudo blanquearse parte del dinero negro logrado ilícitamente en las permutas del Ayuntamiento.
Doble exhorto
Solo cinco de los siete testigos citados ayer llegaron a declarar en Ciutadella ante el juez instructor y los abogados de las partes. Los otros dos, la exnovia de Avel·lí Casasnovas (Catalina Iluminada Lloret) y la exarquitecto municipal que informó las controvertidas permutas (Marian Castro), testificarán vía exhorto desde los juzgados de Barcelona y Maó.
El abogado defensor de Avel·lí Casasnovas en el caso, Xavier Lluís Lázaro, también ha solicitado que se llame a declarar a nuevos testigos. El juez acusa al exconcejal y su supuesto colaborador de los ilícitos penales de malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude a la administración. Al ponerlos en libertad el 16 de enero, les retiró el pasaporte y están obligados a comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.