El Juzgado número 2 de Ciutadella suspendió este martes la comparecencia que debía realizar el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, Ramón Verdú, para ratificar la denuncia por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa que el juez Juan Pablo Hidalgo ha admitido a trámite contra el alcalde socialista Pere Moll y la concejal y diputada Elena Baquero.
El doble recurso de reforma presentado por los abogados de ambos cargos públicos contra la admisión a trámite de la querella ha paralizado el procedimiento judicial, al que esta misma mañana se añadirá el contrarecurso del letrado del PP para lograr que el juez se ratifique en su decisión de iniciar las diligencias y la instrucción del caso.
Lluís Serena, abogado de los populares, entiende que «hay indicios de sobra para sustentar la denuncia y abrir diligencias penales para investigar lo ocurrido». No obstante, la decisión final recae en el propio juez, que se espera que resuelva los tres recursos en el plazo de, aproximadamente, dos semanas.
El PP ha decidido llevar al alcalde y la concejal ante los tribunales de justicia al entender que favorecieron al marido de ésta, empresario hotelero, al concederle licencia para reformar 91 apartamentos en Sant Tomàs antes incluso de que se solicitara el preceptivo permiso municipal. No obstante, el alcalde lo desmiente, recuerda que las obras fueron expedientadas y califica de «disparatada» la versión de los populares.
Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2012, cuando el Ayuntamiento concedió licencia a la promotora Playas de Binicudrell para reformar nueve apartamentos de los complejos «Llebeig» y «Mestral» que gestiona en la urbanización.
El PSOE, partido al que pertenecen los dos cargos en el gobierno, ha salido en su defensa para reafirmar que obraron «cumpliendo siempre lo que determina la ley». También lo ha hecho el abogado Francesc Marquès, quien niega que los hechos denunciados contra el alcalde sean punibles y evidencia que esconden una clara intencionalidad política.
Pere Moll y Elena Baquero acudieron el 18 de abril al Juzgado de Ciutadella para ser notificados oficialmente de la admisión a trámite de la querella en su contra. El gobierno municipal, que convocó un pleno extraordinario para debatir la controversia, pide al PP que deje de judicializar sin sentido la vida política. Baquero asiente: «Ser la esposa de un empresario no es delito».