El Ministerio de Medio Ambiente podrá reclamar al Govern balear los 20 millones de euros (19 millones más IVA) que ha pagado a Acciona por la desaladora de Ciutadella y también los 11 millones de euros que todavía puede reclamar la antigua concesionaria.
En total el rescate de la desaladora puede suponer un coste para las arcas autonómicas de 31 millones de euros. Así lo confirmó este jueves la directora general de Recursos Hídricos del Govern, Joana Garau, que firmó el miércoles el acuerdo de cesión de las instalaciones con el Ministerio.
Se trata de una cláusula que reserva esta potestad al Gobierno central, lo que «no quiere decir que lo haga», puntualiza Garau. No obstante, reconoce que lo más probable es que el Ministerio acabe reclamando al Govern este dinero, o al menos parte de esta cantidad. Y a partir de aquí «tendremos que luchar» para pagar lo menos posible, asegura la directora general, que remarca que la decisión la tendrá que tomar el nuevo Gobierno central que salga de las elecciones del 26 de junio.
Garau remarca que el traspaso de la desaladora, pese a este cláusula, se ha firmado por «responsabilidad» y para desbloquear una situación que hace ya cinco años que se arrastra. Asimismo desvela que la postura inicial era que el Govern pagara 12 millones de euros, y de momento «tenemos la desaladora a un coste cero».
El recibo del agua
Otra de las dudas que surge es, si en el caso de que el Govern tenga que pagar los 20 millones (o parte de ellos) ello repercutirá en el recibo del agua de los vecinos de Ciutadella. En este sentido, Garau recuerda que en un primer momento los ciudadanos de la ciudad de Ponent se pueden beneficiar, incluso con una bajada del precio del agua, gracias al coste cero de la desaladora.
De cara al futuro, la directora general admite que si el Ministerio formaliza la reclamación, el precio del recibo «puede subir», aunque también reconoce que «se puede arreglar de otra forma».