El debate de la ubicación de los juzgados de Ciutadella se ha trasladado este martes al Parlament. Lo hizo tras una pregunta del diputado del PP, Antoni Camps que puso sobre la mesa que un "año después" el nuevo emplazamiento de los juzgados está "paralizado", ya que el Ayuntamiento y el Govern lo quieren en la antigua estación marítima (propiedad de Ports) y el Ministerio apuesta por Can Saura (en aplicación del contrato firmado el pasado mandato), y mientras tanto "el uno por el otro y la casa sin barrer", censuró Camps.
El conseller de Territorio, Marc Pons reiteró que el Govern apoya la petición municipal, y manifestó que se le ha ofrecido al Ministerio unas instalaciones "con mejor condiciones económicas" y por "más tiempo" que las de Can Saura. Afirmó que si Justicia no quiere ir a la antigua terminal "no es tanto por una cuestión técnica como política" y acusó al PP de "presionar" al Ministerio para que "no ceda".
Camps le replicó que la causa de que el Ministerio se oponga al traslado a la antigua terminal es económica, ya que habilitar la antigua terminal cuesta 2,5 millones de euros, por los 200.000 euros que supondría la opción de Can Saura. El diputado del PP recordó la precariedad en la que se encuentran los juzgados de Ciutadella, a la vez que declaró que si pronto no se halla una solución existe el peligro de que Ciutadella pierda los juzgados y se trasladen a Maó.
Pons respondió a Camps que los datos que aporta Justicia "no son ciertos", ya que la reforma que se tendría que hacer para convertir la antigua terminal en unos juzgados "es mínima". En este sentido, recordó que el edificio fue restaurado en 2005, está en buen estado y es "un espacio completamente diáfano". Pons insistió en la "intencionalidad política" y afirmó que "deberemos esperar a que hay un nuevo gobierno que ponga sensatez y que vea que la oferta que hacemos de instalar los juzgados en la antigua estación marítima es la solución más adecuada".