Los arquitectos municipales descartan que la estructura del emblemático Molí des Comte de Ciutadella constituya un «peligro inminente» para la seguridad. Por este motivo, el consistorio no considera necesario llevar a cabo actuación alguna en el edificio, que es de propiedad privada.
Los expertos, junto a la propiedad, visitaron este lunes el molino para evaluar su estado y analizar si había riesgo de producirse otro desprendimiento como el que el domingo obligó a intervenir a los bomberos, cuando se desplomaron sobre la vía pública parte de la cubierta de madera sin que causaran ningún tipo de daño ni desperfecto.
Los bomberos llevaron a cabo una intervención preventiva, donde retiraron los elementos inestables y aseguraron las maderas del tejado para evitar nuevos incidentes. La inspección sirvió para comprobar que la estructura se encuentra en buen estado, pese al visible deterioro del tejado debido a la falta de mantenimiento.
El concejal de Mantenimiento de Vía Pública, José López, que se personó al lugar donde se produjo el incidente, explica que no tienen previsto llevar a cabo ninguna actuación en el molino, al tratarse de un edificio de propiedad privada. En todo caso, sostiene, se requeriría a los dueños que llevaran a cabo las obras pertinentes para garantizar la seguridad «cuando se detecte peligro».
Convenio
Respecto al acuerdo alcanzado el año pasado entre el consistorio y la propiedad, López asegura que «no está encima de la mesa, por el momento». Se trata de un convenio que impulsó el anterior equipo de gobierno por el que se comprometía a aportar inicialmente 55.197,28 euros en la restauración del molino a cambio de que pudiera acoger visitas en su interior para darlo a conocer y, a su vez, permitiera rentabilizar el dinero invertido. Cabe señalar que la instalación fue gravemente perjudicada por el temporal en noviembre de 2013.
En el pleno de marzo del año pasado, el Consistorio acordó por unanimidad renegociar el convenio con el objetivo de reducir la aportación municipal. La decisión se tomó a raíz de la moción presentada por Joan Triay de UPCM que proponía «condiciones más equitativas».