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Abierto el plazo de presentación de candidaturas para revisar el PTI

Se trata del primer paso del proceso de selección del equipo redactor de la revisión del Plan Territorial Insular de Menorca

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El plazo de presentación de candidaturas para revisar el Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca ha comenzado este viernes, tras salir publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue) el pliego de condiciones de prescripciones del contrato de servicios.

De este modo, todas las empresas que reúnan los requisitos de aptitudes y las condiciones de solvencia que quieran optar a esta contrato tendrán 40 días para presentarse, han informado este viernes fuentes del Consell de Menorca a través de un comunicado.

Se trata del primer paso del proceso de selección del equipo redactor de la revisión del PTI, que elaborará la documentación necesaria para su aprobación definitiva y su entrada en vigor.

El contrato tiene una duración de 22 meses e incluye también los servicios de asesoramiento técnico, jurídico y económico en la tramitación de la revisión del plan.

El pliego de condiciones del contrato determina que se someta a los criterios generales para la revisión del PTI aprobados por el pleno del Consell de Menorca en mayo de 2016.

Asimismo, se determina específicamente que, además de cumplir la legislación vigente, el plan debe incluir la ordenación de la oferta turística y considerar el contenido de los planes directores insulares.

Desde la administración insular han recordado que la revisión del PTI contará con un estudio que contendrá la estimación del coste económico de las actuaciones prioritarias, la determinación del carácter público o privado de las inversiones necesarias y las previsiones de financiación pública.

También se tendrá que elaborar un informe de sostenibilidad económica para justificar, por un lado, la suficiencia del suelo productivo previsto y, por otro, el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las haciendas de las administraciones públicas.

El documento tendrá además que incorporar un análisis económico cuantificado de qué supuestos derivados de la aprobación definitiva podrían dar lugar a derecho de indemnización y, si fuera el caso, la correspondiente justificación del compromiso de gasto que esta actuación pudiese comportar.

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