El juez Antoni Rotger, instructor del caso Mar Blau, que investiga el amaño de amarres en los puertos de Maó y Eivissa, a favor de Trapsa Yates, acusa al socialista menorquín Francesc Triay Llopis (presidente de Autoridad Portuaria de Balears, APB, entre 2007 y 2011) de «participar activamente» en la trama. Así lo asegura en el auto con el que se envía al banquillo a 13 imputados, entre ellos al propio Francesc Triay y al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
El magistrado considera a Triay una pieza clave en todo el entramado, ya que fue en su periodo cuando se adjudicó a Trapsa tanto los amarres de Maó como los de Eivissa. Como presidente de APB, Triay relevó al dirigente popular Joan Verger (ya fallecido). Este último fue quien «propuso al presidente del Club Marítimo de Mahón» firmar un «contrato pantalla», como demuestran las grabaciones aportadas ante el juez por el presidente del Marítimo, Luis Barca. El acuerdo era que Trapsa renunciaría a los amarres de Maó (a favor del Marítimo), a cambio de 13.523 euros, tres amarres de 27 metros de eslora valorados en 4,5 millones (que se justificaría con «servicios e informes ficticios») y sobre todo con la garantía de que Trapsa ganaría el concurso de los amarres del puerto de Eivissa (Ibiza Nueva).
Con el cambio de Govern, en 2007 se nombró a Triay presidente de APB. Verger informó a Triay del estado del concurso de Maó y el de Ibiza Nueva, y de la «existencia del contrato pantalla». Y el menorquín, «pese a las evidencias de las graves irregularidades, no solo las subsanó» sino que intervino en las reuniones para «el arreglo ilegal del concurso de Maó», apunta el juez en el auto.
El magistrado cree que su actuación «fue determinante» para adjudicar Ibiza Nueva a la empresa Semar (participada por Trapsa Yates), para cumplir así lo acordado. Acusa a Triay de «imponer su criterio de forma ilegal a la mayoría de la Comisión Técnica del meritado concurso». Eso sí, siempre con «el asesoramiento y ayuda de Ángel de Matías», entonces director de Autoridad Portuaria. El juez, para demostrar la intervención de Triay a favor de Trapsa, se basa en la declaración de un miembro de la Comisión Técnica del concurso de Eivissa que revela que «Triay les dio instrucciones concretas que contrariaban lo que se venía haciendo hasta la fecha», y el proceso acabó con la «mejor valoración a Semar», participada por Trapsa.
El propio Triay, recuerda el juez, admitió en su declaración ante la Policía que conocía el entramado, «en especial la necesidad de adjudicar Ibiza Nueva a las sociedades relacionadas con Trapsa, a cambio de la renuncia de ésta a Maó, así como la existencia de irregularidades en la tramitación del concurso de Maó». En su declaración, incide el juez, «no negó expresamente haber dado instrucciones concretas» para evaluar la oferta de Trapsa para el puerto de Eivissa.