En Menorca hay 140 personas que residen en viviendas públicas del Ibavi. De ellas, 71 tienen recibos pendientes de pagar, lo que representa algo más de la mitad de los usuarios del servicio. Como resultado de la acumulación de impagos de 1.100 recibos de alquiler, la morosidad alcanza los 250.515 euros. Hay inquilinos que deben una o dos mensualidades, pero existen casos en los que los beneficiarios acumulan más de veinte recibos sin pagar. De hecho, casi la mitad de los morosos tiene pendientes más de diez facturas, con una deuda de 220.463 euros.
Una situación «cronificada» que obliga a la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad a tomar medidas drásticas en aquellas situaciones en las que los servicios sociales demuestren que los inquilinos tienen capacidad para hacer frente a los costes de alquiler y, sin embargo, se nieguen a cumplir con sus obligaciones.
En los casos más extremos el Govern advierte de que procederá a desahuciar a los arrendatarios para que aquellas personas que se encuentran en lista de espera puedan acceder a una vivienda de protección oficial. «Aquellos que dejan de pagar sistemáticamente generan un efecto llamada negativo», asevera la gerente del Ibavi, Maria Antònia Garcías, quien también asegura que no pretenden recuperar el dinero sino redistribuir los pisos entre aquellos que más lo necesitan.
La intención es acabar con la sensación de impunidad existentes en algunos casos concretos tras la decisión del Govern de Bauzà en 2012 de no realizar más desahucios en el Ibavi. Un hecho que, según aseguró hace pocos días el conseller Marc Pons, disparó la morosidad hasta casi triplicar los impagos respecto al quinquenio 2007-2012. Insisten, sin embargo, en que ninguna persona que no pague por falta de recursos se quedará sin casa.
Medidas
El primer paso será revisar el precio del alquiler y adecuar la tarifa a la situación económica del beneficiario. Así se pretende analizar situaciones en las que las condiciones de los usuarios hayan empeorado y, a la vez, detectar aquellos que se niegan a pagar, pese a tener ingresos suficientes.
El Govern calcula que el precio del alquiler debe representar un máximo del 30 por ciento de los ingresos del arrendatario, pero puede rebajarse hasta un 5 por ciento de los ingresos si la familia acredita que apenas tiene un modo de subsistencia. «Queremos que todos los usuarios tengan una renta adecuada a sus ingresos», declara Garcías. La intención es que todo el mundo pague, por poco que sea, por este servicio público.