Al Govern tan solo le queda la vía judicial para librarse de pagar los 20 millones de euros del rescate de la desaladora de Ciutadella que ahora le exige el Ministerio.
Un dictamen del Consejo de Estado emitido hace justo un año avala la estrategia seguida por el Ejecutivo central y culpa al Govern de no haber cumplido su parte para que la planta entrase en funcionamiento. En la resolución, el órgano consultivo afirma que «resulta bien patente que la causa última que determinó la imposibilidad de la puesta en servicio y explotación de la desaladora es imputable a la administración autonómica (...) responsable de que una vez concluidas las obras no se permitiese conectar la planta con la red de distribución». Por este motivo, en el mismo documento se insta al Ministerio a que reclame a la Conselleria de Medio Ambiente los costes derivados del retraso en la puesta en marcha de la desaladora. Y así lo ha hecho.