Facultar a las comunidades de propietarios para que puedan vetar el alquiler de pisos es ilegal y provocaría grandes conflictos vecinales. Son las dos principales quejas que el Colegio de Administradores de Fincas de Balears trasladó ayer a la directora general de Turismo, Pilar Carbonell. Se convertirán en alegaciones si el Govern no modifica el borrador para regular el alquiler turístico en edificios plurifamiliares.
El vicepresidente del colegio que representa a los gestores de fincas, Antonio Jaume, explicó ayer al término de la reunión que «existe amplia jurisprudencia» contra el derecho a veto de las comunidades de vecinos en el caso de que esta prohibición no figure en los estatutos, que generalmente no recogen esta cuestión y que suelen requerir unanimidad para su modificación sustancial. Jaume explicó que el Tribunal Supremo ha fallado en ese sentido en otras cuestiones como la apertura de negocios en pisos, una práctica que también generó conflictividad hace tres décadas.