Un solar de 3.300 metros cuadrados ubicado en Santa Rita es la única alternativa que el Ministerio de Justicia contempla para trasladar los juzgados de Ciutadella, que se encuentran anticuados y saturados desde hace años por falta de espacio.
Esta es la situación actual después de que haya quedado descartada la otra posibilidad que planteaba el Consistorio, que consistía en la adquisición de un inmueble privado de 800 metros cuadrados en la calle Sant Nicolau. Una opción que ni se valoró durante la reunión que mantuvieron ayer en Madrid la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, y la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán. Un encuentro de poco más de una hora, al que también asistieron el concejal de cultura, Josep Juaneda, el director general de Cultura, Jaume Gomila, y Amalia Castro-Rial, subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, y que finalizó con el compromiso del Ministerio de realizar un estudio para valorar la viabilidad de trasladarse a Santa Rita.
La postura satisface al equipo de gobierno, que salió de la reunión «contento por la predisposición mostrada», explicó Gomila. Según la alcaldesa, el Ministerio «ha visto que estos terrenos pueden ser realmente una alternativa viable, que es una propuesta real», puesto que se encuentran en el tramo final de expropiación municipal, cuentan con los usos necesarios y disponen de todos los servicios que requieren unos juzgados. Además, Gomila asegura que cuentan con el visto bueno de la propiedad para poder escriturar en nombre del Consistorio, de modo que, en caso de que así se decida finalmente, se podría acordar la cesión con el Estado para iniciar la construcción de la nueva sede que debería albergar los dos juzgados de primera instancia e instrucción, el Instituto de Medicina Legal y un juzgado de lo social. En la anterior ocasión que se reunieron, en septiembre de 2015, el Ministerio descartó mudarse a Santa Rita porqué todavía estaba en vías de expropiación y no disponía de los usos necesarios, además de que mantenía como primera opción trasladarse a Can Saura Miret, donde dispone de un contrato de alquiler vigente y la inversión sería mínima, de 200.000 euros. En cualquier caso, todo este proceso no será inminente puesto que tal y como reconoce Gomila «el dinero para hacer frente a la inversión no está presupuestado por parte del gobierno central, sería un objetivo a unos dos años vista que, en caso de que Justicia aceptara nuestra propuesta, ya se establecería un calendario de trabajo al respecto». De momento, se han emplazado de aquí a tres meses para reunirse de nuevo y abordar otra vez la situación, ya con una decisión definitiva por parte del Estado.
De lo que tampoco se ha hablado durante la cita es sobre alguna solución transitoria que mejore la situación actual de los juzgados, que están desbordados. Todo apunta, pues, a que mientras siguen las negociaciones para desbloquear la situación, no se tomará ninguna medida para mejorar las condiciones de trabajo los funcionarios judiciales.