El Ayuntamiento de Ciutadella debe un total de 1.543.548,20 euros a los propietarios de los terrenos expropiados en Santa Rita en 2006, durante el mandato de Llorenç Brondo. De esa cantidad algo más del 40 por ciento corresponde a intereses por demora, concretamente 485.299,30 euros. Esta cifra se suma al capital que no se pagó entre los años 2011 y 2015, a la espera entonces de fijar en los juzgados el precio que debía abonarse por los terrenos, cuyos propietarios aseguraban que tenían un valor superior al que había propuesto el gobierno del PP.
Ahora, después de que el municipio recurriera sin éxito la sentencia de 2009 que incrementaba el precio de los solares, el gobierno municipal propone terminar de una vez por todas con la compra de Santa Rita y repartir los importes que quedan por pagar en cuatro anualidades. Dos entrarían en los presupuestos de 2016 y 2017, por lo que se liquidarían entre finales de esta semana y finales del mes que viene. Los otros dos comprometen algo más de un millón de euros de los presupuestos de los dos años siguientes.
La alcaldesa Joana Gomila opina al respecto que «lo grave no es que terminemos de pagar ahora Santa Rita, que es consecuencia de un largo proceso judicial, sino que el Ayuntamiento de entonces dijo que quería pagar 60 euros el metro cuadrado» cuando por terrenos similares se pagó «muchísimo menos», algo que defiende desde que era concejala de Hacienda con Pilar Carbonero. La alcaldesa insiste en que «la mala gestión» de las expropiaciones que, puntualiza, «en su gran mayoría terminaron en los juzgados», fue una práctica generalizada de entonces y de la que hoy se padecen las consecuencias. Pone como ejemplo el caso del velódromo, una pista que no se construirá pero que costará al municipio 5,5 millones de euros.
La adquisición definitiva de Santa Rita permitirá acelerar los trámites para ceder 3.317 metros cuadrados del terreno a Justicia, ya que se cumplirían los dos requisitos exigidos por el Ministerio para ubicar ahí los juzgados, que eran el uso administrativo del suelo y que fueran propiedad municipal. El compromiso formal de los propietarios de Santa Rita de ceder el solar cuando Justicia lo requiera, independientemente de si los pagos se han completado o no, hace cada vez más probable que los acepte. La respuesta del Ministerio, que se conocerá en los próximos meses, despejará también las dudas acerca del uso cultural de Can Saura, que se alquiló como sede para los nuevos juzgados en marzo de 2015.