El Ayuntamiento de Ciutadella no ha tardado ni un mes en presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que le obliga a pagar 5,5 millones de euros por la expropiación de la parcela en la que se proyectó una pista voltadora durante el mandato de Llorenç Brondo.
Mientras esperan respuesta sobre si el recurso es o no aceptado, el Consistorio ha contratado los servicios de la abogada Cristina Gómez para defender su causa. No obstante, son conscientes de la dificultad de que prospere, aunque al menos les permitirá ganar uno o dos años antes de la sentencia definitiva. Y es que la casación es el último cartucho de que dispone el Ayuntamiento para evitar hacer frente a esta última sentencia en contra. Ya no podrá presentar más recursos.
La disputa se centra en la naturaleza de los terrenos a expropiar. La propiedad mantiene que los 11.694 metros cuadrados afectados son urbanos por lo que su precio es de 9,2 millones de euros. Por contra, el Consistorio lucha por demostrar que son rústicos y, por tanto, con un coste mucho menor. Después de recurrir la sentencia del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que determinó en noviembre de 2013 un precio de 1,2 millones de euros, la última sentencia le obliga a pagar 5,5 millones.
Entre la deuda que han dejado estos en Ciutadella y la deuda de los otros en el Consell, me gustaría saber cuánto debe cada ciudadano de Ciutadella por la excelente gestión de sus gobernantes. Más que nada para hacerme una idea de en qué medida nos intentaran estrujar económicamente bajo el pretexto de la mala gestión de los otros. Aunque seguramente nadie sacara el tema.