Seis asociaciones de la federación empresarial y la propia PIME, que recopila los argumentos en una alegación propia, han presentado escritos contra el anteproyecto de la ley del alquiler turístico. Entre el viernes y ayer han entregado sus argumentos las asociaciones de viviendas turísticas, comercio, restauración, alquiler de vehículos, náutica y agraria, lo que muestra un elevado grado de insatisfacción en la patronal menorquina.
«El camino que elige, las opciones que ofrece, no van a permitir la legalización de las viviendas que hay ahora mismo en el mercado», señala María García, quien entiende que ese debería ser uno de los primeros objetivos de la ley. «Está cargada de limitaciones y prohibiciones en vez de facilitar la legalización de lo que ya está comercializando», agrega.