El Ayuntamiento de Maó se enfrenta a dos contenciosos por parte del Estado por cuestiones de carácter laboral. Uno de ellos se opone al incremento del nivel profesional de los policías locales de Maó, aprobado por pleno en julio de 2016, y el segundo va contra los presupuestos municipales de este mismo año por un tecnicismo relativo a la aplicación de los complementos salariales del conjunto de la plantilla.
En el caso de los policías locales, la alcaldesa Conxa Juanola explica que la Delegación del Gobierno de Balears argumenta que, en virtud de la Ley Montoro, no se pueden producir incrementos salariales de los empleados públicos. El Consistorio, comenta Juanola, ya informó en su día a la Delegación del Gobierno de que el aumento de nivel, realizado en base a la valoración de puestos de trabajo de 2012, no conlleva un mayor salario de momento, en virtud del acuerdo alcanzado con los sindicatos. A pesar de ello, el contencioso ha llegado a los tribunales. La causa se inició cuando Teresa Palmer, luego candidata del PP en las elecciones generales, era delegada del Gobierno en Balears.
Juanola reconoce que el hecho de tener que abordar esta cuestión en los tribunales «es algo que nos preocupa» puesto que podría declararse nulo el acuerdo alcanzado, después de muchas horas de negociación, con los representantes sindicales de los policías locales de Maó, atendiendo de este modo una antigua reivindicación de este colectivo. Desde el Consistorio confían en que se imponga el argumento de que no existe incremento salarial con la medida y Juanola advierte de que los únicos potenciales perjudicados en el contencioso judicial son los propios policías.
Sobre el segundo contencioso iniciado por el Abogado del Estado, Juanola muestra su «sorpresa» puesto que se basa en la incorrección de un formalismo en la aplicación de los complementos salariales que, siempre según la alcaldesa, se venía realizando desde hace veinte años sin ningún tipo de reparo. Juanola explica que esta cuestión se ha subsanado ya en las cuentas de 2017 y que esto no tiene ningún tipo de efecto económico en la práctica. «Nos ha sorprendido bastante, porque es algo que no se había cuestionado nunca». Relata que conoce casos de otros ayuntamientos con equipos de gobiernos de izquierdas que recientemente se han visto en la misma situación. En ambos casos objeto de contencioso, dice, «no existe ningún tipo de irregularidad».
Fuera....Impuestos que ellos, funcionarios, también pagan.