El portavoz del grupo popular en Es Migjorn, Ramón Verdú, firmó el viernes 3 en un despacho de abogados de Barcelona una nueva demanda contra el alcalde como último recurso para tener acceso a documentación municipal. Tres días después se lo comunicó por escrito al alcalde, a la Junta de Gobierno y a la secretaria. Por insistencia o por su ampliación a otros órganos muncipales, la amenaza ha hecho efecto y la acción judicial no ha llegado a materializarse. Pere Moll respondió el pasado jueves afirmando que «se han emitido las pertinentes autorizaciones para dar respuesta a sus escritos en los próximos días».
Esos escritos son más de una veintena, están registrados en las oficinas municipales entre noviembre de 2015 y abril de año pasado hacen referencia a asuntos relacionados con contribuciones especiales, expedientes de contratación, facturas y licencias de obras, entre otros asuntos.
Ante la omisión del alcalde, el grupo de la oposición había enviado un burofax con la misma petición el 14 de junio, por lo que ante la continuidad del silencio ante su demanda de documentación esta vez había oprtado abrir otro proceso judicial.
Aluden los concejales del PP a la Constitución como primera norma de una serie de leyes y reglamentos en los que se garantiza su derecho de acceso a la documentación solicitada. «Por la junta de Gobierno», señala Verdú en su último escrito, «se está negando este derecho de acceso a la información de los concejales de la oposición, desde nuestro burofax de 14 de junio a ellos dirigido, por lo que se está cometiendo el presunto delito continuado contra los derechos cívicos y/o de prevaricación por omisión, en cooperación, lo que nos obliga a presentar denuncia penal ante los tribunales».
Agregan que ese derecho se entiende concedido por silencio administrativo en cinco días si el presidente o la Junta de Gobierno no dictan resolución en contra. Esto no ha sucedido pero tampoco el acceso ha sido posible, por lo que ahora han exigido obtener la documentación solicitada en un plazo de diez días.