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Cien propietarios de barcas de Maó piden recuperar el acceso al varadero

Los dueños de una embarcación a partir de 8 metros no pueden usar el recinto por cuenta propia

Antoni Enseñat, Víctor Sen y Joan Bosch, miembros de la junta directiva de la nueva asociación | Javier Coll

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«Somos gente de mar, con una embarcación y que, ahora, la ley nos prohíbe realizar trabajos de mantenimiento en nuestras barcas». Este ha sido el desencadenante que ha llevado a más de un centenar de usuarios y propietarios de embarcaciones de recreo de Menorca, en concreto, de la zona de Maó, a constituirse en asociación para reclamar que el varadero de Maó permita de nuevo la entrada de particulares para la realización de los trabajos que requieran sus embarcaciones.

El presidente de la recién constituida Associació de Navegants de Menorca (Anam!), Joan Bosch, explica que a raíz de la aplicación de una normativa «elaborada desde los despachos de Madrid» sin conocer la realidad de la Isla y las necesidades de los propietarios de pequeñas embarcaciones de recreo, el varadero de Maó quedó cerrado a los propietarios y, por tanto, restringido exclusivamente a empresas del sector. Este hecho desvirtúa la realidad de la náutica de recreo de la Isla puesto que «no nos podemos permitir a nivel económico que una empresa privada realice unos trabajos que nosotros sabemos y podemos realizar y que siempre hemos desarrollado».

La aplicación de la normativa estatal se remonta al año pasado, entre junio y julio, una situación que ha creado un movimiento de enfado entre los usuarios. Pero no ha sido hasta ahora cuando la indignación se ha organizado en asociación. Su objetivo es dialogante y de «presión, pero en positivo», asegura Joan Bosch. Para evitar la contratación de empresas, muchos usuarios han realizado la varada en otros enclaves o han desistido de realizar los trabajos de mantenimiento. El presidente asegura que el cierre de las instalaciones para particulares fue una decisión errónea, pero motivada por la «relajación de todos los sectores» y sobre la que todos tienen parte de culpa, considera. Un exceso de permisividad, de no cumplir las normas pero que «en lugar de regularlo y buscar una solución nos cerraron las puertas». Añade, asimismo, la tendencia a la privatización de los servicios públicos.

Afecta, en concreto, a embarcaciones a partir de ocho metros de eslora. Las menores sí podían utilizar, hasta ahora, un espacio fuera del varadero. No obstante, para llegar a ese enclave eran necesarios unos costes añadidos de transporte que lo hacían también inviable económicamente.

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