Pere Moll todavía dispondrá de diez días para alegar contra el expediente disciplinario en el que se propone su expulsión antes de que este sea enviado a Madrid. El instructor del PSOE-Menorca ha concluido su trabajo, que había quedado listo para ponerlo en manos de la comisión federal de ética y garantías, que es el órgano que ha de decidir sobre la expulsión de un militante tal como propone la organización menorquina. «Hemos hecho el trabajo que nos corresponde, un expediente con propuesta de sanción que es hasta donde podemos llegar», explica María José Camps, presidenta de la gestora socialista.
La previsión del partido era tenerlo resuelto a estas alturas, pero los plazos de garantía exigen una última oportunidad para que el expedientado presente las últimas alegaciones contra los cargos que se utilizan para fundamentar la propuesta de sanción.
El plazo, que empieza a contar esta semana, lo aprovechará Pere Moll, quien desde el primer día anunció que trabajaría en defensa de su palabra y de su dignidad ante las acusaciones vertidas por sus compañeros de grupo municipal y en defensa de la militancia en el PSOE. Sus alegaciones se incoporaraán al expediente y será enviado a Madrid.