El Consell, finalmente, deberá afrontar el pago de la indemnización a la promotora Princesa Son Bou, que hace dieciocho años pretendía construir 106 apartamentos en esta urbanización de Alaior y el PTI se lo impidió. Un nuevo auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma revoca la providencia que dictó el 20 de marzo y que concedía al Consell un plazo de casi tres años para adaptar el Plan General permitiendo este desarrollo urbanístico en la zona estipulada en el PTI, en la ART-5, en la parte alta de la zona turística. El juzgado estima el recurso que Princesa Son Bou presentó contra la providencia y levanta la suspensión de la ejecución de la sentencia de 2008 que obliga al Consell a pagar 3.359.674 euros, más los intereses devengados desde agosto de 1999 y que representarían a día de hoy 3.699.552 euros, un total, por tanto, de 7.059.226 euros.